Los primeros 1670 oficiales de la fuerza y funcionarios del área de seguridad serán sometidos a los análisis en los próximos 90 días. Pero los estudios toxicológicos, de alcoholemia y de abuso de sustancias ilícitas alcanzarán a los 93.000 efectivos de la fuerza en el transcurso de los próximos meses.
Junto con esta decisión, la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso transparentar la fuerza: duplicará el número de policías obligados a presentar sus declaraciones juradas de bienes. Unos 7600 oficiales se sumarán a los 6800 comisarios y subcomisarios ya alcanzados por esta exigencia. Más de 14.000 uniformados deberán entonces dar cuenta de su patrimonio cada año.
Desde el inicio de su gestión, la dirección de Asuntos Internos que reporta directamente a Vidal ya apartó a 4430 policías, suspendió a 1155 y detuvo o envió a prisión a 362 uniformados por distintos delitos.
Además, Asuntos Internos inició 300 sumarios que alcanzan a 100 policías investigados por presunto enriquecimiento ilícito. De este universo, 73 jefes y subjefes ya fueron llevados ante la Justicia con pruebas suficientes para procesarlos por aquel delito.
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